Escravos do franquismo

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Fueron miles de presos: más de cien mil varones y 20.000 mujeres. Desde el final de la Guerra Civil, el 1 de abril de 1939, hasta bien entrados los años sesenta, purgaron en talleres y campos de trabajo el delito de haber permanecido fieles a la República.

Cuenta Felipe González en la extensa conversación con Juan Luis Cebrián que dio pie al libro El futuro no es lo que era que el general Manuel Gutiérrez Mellado le pidió que esperase a que los de su generación se murieran para abrir el debate de lo que supuso la Guerra Civil. Gobernaba todavía Adolfo Suárez. Y González cumplió tan bien su palabra que hasta el día de hoy –35 años después de la desaparición del dictador–, no se ha podido conocer esta faceta de la represión franquista.

Los destacamentos penitenciarios se pusieron en marcha a partir de la confección de un gran Fichero Fisiotécnico de los presos. El jesuita José Antonio Pérez del Pulgar fue el inspirador de aquel fichero en el que, según cuenta Isaías Lafuente en Esclavos por la patria, se consignaban los datos de miles de presos, su perfil profesional, su actitud para el trabajo y, por supuesto, los de sus familias. A partir de ahí se implantó el Sistema de Redención de Penas según el modelo que empleaban los nazis en Alemania. La Iglesia, que había bautizado la sublevación con el nombre de “cruzada”, prestó también el termino cristiano de “redención” a la explotación de los reclusos.

La dirección de prisiones, a través del Patronato de Redención de Penas, se convirtió así en una gran bolsa de trabajo que suministraba presos cualificados a las empresas y organismos del Estado. La dirección general de Regiones Devastadas empleó a miles de ellos en la reconstrucción de pueblos y de la ciudad de Oviedo. En 1943, más de 7.000 presos eran empleados en tajos dependientes de instituciones del régimen, lo que suponía casi la mitad de los 16.423 que trabajaban fuera de las cárceles. Ese año, según la información de Lafuente, Regiones Devastadas empleó a 4.000 presos en 27 localidades de toda España. El Servicio Militar de Puentes y caminos tenía a su cargo diez colonias de reclusos. La dirección de infraestructuras los empleaba en la construcción del aeropuerto de Sondica. Y el Ministerio de Gobernación, en la del parque móvil ministerial de la calle Cea Bermúdez de Madrid.

Envíen más presos

Como los presos eran excelentes trabajadores, pues si trabajaban poco o mal podían volver a la cárcel y perder la posibilidad de reducir sus condenas, los informes de algunas empresas como Minas de Almadén, Industrias Egaña, Talleres Murga en Valmaseda (Vizcaya), Fundiciones del Ebro en Zaragoza, Pantanos y Canales SA, que construía la presa del embalse de Riosequillo, en Buitrago de Lozoya (Madrid), elogiaban su rendimiento, superior, decían, al de los productores libres.

Y lógicamente, muchas empresas pedían que les enviasen mayores contingentes de presos, aquella mano de obra administrada como propiedad del dictador y con la que beneficiaba a algunos amigos como Banús, encargado de las obras del Valle de los Caídos o Cuelgamuros. Así, el director de Estaños de Silleda, en Pontevedra, empezó con 36 presos en la mina y quintuplicó la plantilla hasta 200. Duro Felguera comenzó con 36 y en 1941 aumentó la plantilla de mineros penados hasta 300. En Quinto de Ebro (Zaragoza), donde 343 presos explotan las canteras de piedra y yeso, se solicitan 582 presos más.

El negocio para el régimen era además muy elevado. Según revelan los informes contables que el Patronato de Redención de Penas le presentaba a Franco, el Estado se beneficiaba de hasta el 76% de cada uno de los jornales que generaban los presos. En el año 1941, las autoridades franquistas reconocían que los presos de 68 destacamentos penales habían generado 8,8 millones de pesetas para el Patronato. Si a ello se añaden las reducciones en concepto de alimentación, la utilidad para el Estado se elevó a 11,7 millones. Ahora, la ley de la Memoria Histórica contempla una compensación económica de 6.000 euros para los supervivientes, si los hubiere, que hubieren permanecido más de tres años en campos de trabajo y no hayan sido compensados.